En los últimos meses, los conflictos por incumplimientos en alquileres han saturado los juzgados en Argentina. ¿El motivo? Los alquileres se han disparado a niveles impagables para una gran parte de la población, mientras que los salarios apenas han acompañado el aumento del costo de vida. 

Esta situación no solo refleja una crisis económica, sino una profunda desigualdad estructural que afecta el derecho humano más básico: el acceso a una vivienda digna.

El derecho a la vivienda: un principio constitucional ignorado

La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, garantiza el acceso a una vivienda digna. Además, instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) refuerzan esta obligación del Estado. Sin embargo, en la práctica, este derecho parece ser letra muerta para miles de familias que destinan hasta el 70% de sus ingresos al alquiler, o que directamente no pueden acceder a una vivienda adecuada.

¿Cómo se justifica esta brecha? En parte, por la concentración de propiedades: mientras millones luchan por tener un techo, una minoría acumula inmuebles que utiliza como activos financieros, muchas veces vacíos, sin cumplir una función social. Esto no solo es éticamente cuestionable, sino también injusto: el derecho a la vivienda no puede supeditarse a la lógica del mercado.

Y aquí hacemos un paréntesis para recordarle al lector que detrás de esta triste situación hay personas de carne y hueso: niños y niñas, madres, padres, tíos, ancianos y una larga lista de etcétera cuyas vidas no pueden quedar libradas a los designios del "mercado", que no es más que una definición ficticia utilizada para esconder a los verdaderos responsables del descalabro: "los dueños de la pelota, los angurrientos de siempre".

Regulación estatal: una necesidad frente al discurso libertario.

El argumento libertario de "dejar todo en manos del mercado" ha ganado adeptos, pero ¿qué ocurre cuando el mercado está desbalanceado desde el inicio? Propietarios e inquilinos no son partes iguales: mientras uno tiene 20 propiedades, el otro apenas puede pagar la renta de un monoambiente. Este desequilibrio no puede resolverse sin la intervención estatal.

La regulación es esencial no solo para limitar abusos en los precios, sino también para garantizar condiciones dignas de habitabilidad. Países como Alemania o España han implementado controles efectivos sobre los alquileres, logrando un equilibrio entre propietarios e inquilinos sin desalentar la inversión inmobiliaria. 

En Argentina, lejos de estas experiencias, los aumentos anuales basados en índices de inflación y salarios han resultado en contratos inabordables para la mayoría.

Detalle importante: cerca del 55% de los jóvenes adultos no puede independizarse y aún vive con sus padres. Esto afecta la autoestima, la independencia personal, la planificación familiar y en definitiva la dignidad humana.

Eso ocurre cuando el estado "se retira" y deja todo en manos del "mercado", que sería algo más o menos como dejar a un bebé en una jaula con un león hambriento y decir "que se arreglen ellos, se regulan solos", todos pueden suponer lo que va a suceder...bueno, el bebé es la gran mayoría de los argentinos y el león hambriento es un puñado minúsculo de especuladores.

Y ojo al piojo piscuí, no hablo de Doña Rosa que tiene un departamentito para vivir de la renta, hablo de personas que tienen más propiedades que el aloe vera!

El impacto social y jurídico de los desalojos

La falta de regulación también está generando un aumento en los litigios. Muchos inquilinos enfrentan juicios de desalojo tras meses de retrasos en los pagos, mientras los propietarios se quejan de la falta de cumplimiento. Sin embargo, pocos consideran el drama humano detrás de estas historias: familias enteras obligadas a abandonar sus hogares, mudándose a espacios más precarios o, en el peor de los casos, a la calle y te repito: acordate que se trata de personas con historias y sentimientos.

Una reflexión final (con un toque irónico)

Quizás el problema no sea que alguien tenga 20 propiedades, sino que alguien más no tenga ni una sola. Pero mientras tanto, podemos mirar el lado positivo: con tantos desalojos, los juzgados por lo menos nunca van a quedarse sin trabajo.

Si algo te queda claro al terminar este artículo, que sea esto: el derecho a la vivienda no es una utopía, sino una exigencia básica de justicia social. Y hasta que dejemos de tratarlo como un lujo, seguiremos viviendo en una sociedad que castiga al que menos tiene por no poder tener más.

Por: @drezequielgomara (ezequielgomara@gmail.com)
Abogado