Las pesquisas surgieron a raíz de una denuncia penal realizada el año pasado por el Departamento Operacional Aduanero de la Dirección de Aduana de Ezeiza, al detectar maniobras por parte de una serie de empresas que realizaban exportaciones de animales, con una finalidad meramente comercial, utilizando la excusa de que en realidad se trataba de “mudanzas”.

Esta actividad se realizaba fuera de la normativa aduanera y sin los aranceles correspondientes, con el fin de evitar la tramitación de una exportación particular, ocultando a los verdaderos dueños de los animales y principalmente para reducir los valores de los impuestos a pagar por tal operación de comercio exterior.

Asimismo, en octubre del año pasado se realizaron diez allanamientos en el marco de esta misma investigación, donde se identificó una organización integrada por veterinarios, despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero, que falseaban documentación para exportar animales vivos.

Fue así que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº4, a cargo del Dr. Alejandro Catania, Secretaría Nº 8, a cargo de la Dra. Cristina Martha Bislis, ordenó la profundización de la investigación. Debido a la complejidad del operativo, colaboró personal del Departamento Técnico Cibercrimen y de la División Pericias Informáticas de la PFA.

Como resultado de las pesquisas, los federales realizaron un total de veinticinco allanamientos en clínicas veterinarias, guarderías caninas, criaderos de perros y oficinas de agentes de carga con especialización en animales vivos y mudanzas internacionales, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Longchamps, Quilmes, Ezeiza, Los Polvorines, Francisco Álvarez, La Reja, Paso del Rey, El Palomar, Castelar, San Miguel, Tortuguitas, Pilar, San Fernando, Boulogne, Benavídez, Olivos, Florida, Zárate e Ingeniero Maschwitz. En los operativos colaboró personal de la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas.

Durante el procedimiento se secuestró abundante documentación, 7.800 dólares, teléfonos celulares y computadoras con información relacionada con operaciones de comercio exterior, que permitieron corroborar la operatoria denunciada. Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.