Recientemente, en pública declaración, la Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, aseguró que "se iban a reabrir todas las causas de los ´Montoneros´" por los delitos cometidos durante los años de plomo. Como consecuencia de semejante declamación surge un interrogante: ¿Es posible hacer eso?

En una democracia como la nuestra, la separación de poderes no es solo una norma escrita, sino una condición esencial para el funcionamiento del Estado de derecho. En Argentina, como en muchas otras repúblicas, el presidente y el vicepresidente tienen prohibido intervenir en causas judiciales. Esta restricción no es un capricho legal, sino una barrera fundamental para proteger la independencia del Poder Judicial y garantizar la equidad ante la ley. 

La idea de que ningún poder debe prevalecer sobre otro tiene sus raíces en los escritos de filósofos como Montesquieu y Rousseau, quienes influyeron profundamente en las concepciones de las democracias modernas. Montesquieu, en su obra "El Espíritu de las Leyes", propuso la división tripartita del poder en ejecutivo, legislativo y judicial, tal como la conocemos hoy. Esta estructura busca evitar que un solo órgano concentre el poder absoluto, lo que podría llevar a abusos y a la vulneración de los derechos de los ciudadanos. "Sistema de contrapesos" le llamaba el destacado jurista galo.

El presidente y el vicepresidente, como cabezas del Poder Ejecutivo, tienen la responsabilidad de gobernar y administrar el país, pero su influencia debe detenerse ahí. No pueden, bajo ninguna circunstancia, interferir en el funcionamiento de la Justicia (aunque a veces sucede). Esto no solo está consagrado en nuestra Constitución, sino que también responde a un principio de sentido común: si quienes ejercen el poder político tuvieran la capacidad de influir en las decisiones judiciales, se erosionaría la confianza en el sistema y se socavarían los derechos individuales. 

La historia ha demostrado que las democracias que permiten la intervención del Poder Ejecutivo en la justicia suelen terminar debilitadas, con un estado de derecho desmoronado y una ciudadanía desprotegida. En Argentina, la prohibición de tal intervención se basa en la idea de que la ley es igual para todos, y que ningún individuo, por más poderoso que sea, está por encima de ella.

El pensamiento de Rousseau también nos recuerda que el poder no es del presidente de turno, sino que es del pueblo, quien "lo delega" momentáneamente en sus dirigentes. Si se permitiera que el presidente o el vicepresidente intervinieran en causas judiciales, se traicionaría ese mandato delegado y se pondría en peligro la libertad de los ciudadanos.

Por todo esto, es crucial que la sociedad argentina valore y defienda la independencia judicial como pilar de nuestra democracia. La separación de poderes no es una mera formalidad, sino la garantía de que todos, desde el ciudadano común hasta el presidente, estamos sujetos a las mismas leyes.

Mantener esta división es proteger nuestra democracia y asegurar que el país sea un lugar donde la justicia no es manipulada por intereses políticos, sino que actúa conforme a la ley y en beneficio de todos.

Será justicia!

Dr. Ezequiel Gómara
Abogado por la UBA
Asesor jurídico de empresas
Consultor
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@drezequielgomara