En la denuncia, la mujer adjuntó diversas capturas de pantalla de los intercambios de correos electrónicos que mantuvo con los responsables de la supuesta oferta de empleo,  junto a un link del aviso laboral por el que había llegado hasta los mismos.

En el contenido de los correos enviados a la denunciante se verificó que la búsqueda se orientaba a cubrir puestos en áreas de CABA, Zona Sur y Norte, y solicitaban el envío de fotografías de cuerpo entero, frente, perfil y espalda.

Una vez que recibían las postulaciones a la convocatoria, el imputado contactaba a las mujeres mediante correo electrónico, en un primer mail les hacía saber cuál era el sueldo y los horarios a prestar, y luego, en un segundo mail, les ofrecía un 35% más sobre el sueldo como bonificación si accedían a prostituirse.

Con esta información, la fiscal Scanga ordenó una serie de pesquisas y compulsas en redes abiertas, encontrando diferentes avisos activos en diversos sitios de internet. A fin de profundizar la investigación, y con la autorización del Juez interviniente, se introdujo la figura de un “Agente Revelador”, llevado adelante por personal de la Policía de la Ciudad, quien se puso en contacto con el imputado con el objetivo de identificarlo. Producto de ello  se mantuvo contacto con quién luego se determinó era la pareja del hombre, también imputada, quién instruía a las mujeres a los fines de facilitar el ejercicio de la prostitución.

Tras estas profundas tareas de investigación y de campo efectuadas, se pudo identificar y localizar a los individuos en una vivienda de la localidad de Quilmes. En la misma se realizó un allanamiento que permitió secuestrar computadoras, chips telefónicos y tarjetas sim, posnets de cobro, teléfonos celulares y un arma de fuego.

El allanamiento se realizó por efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de la División Análisis Informático de la misma fuerza y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Por último, de la computadora del imputado se logró establecer la existencia de registro de llamadas entrantes y salientes, conversaciones de Whatsapp, historial de mensajería, agenda de contactos, archivos de audios, fotografías y correos electrónicos almacenados.

La investigación posterior arrojó que la pareja también estaba implicada en llevar a cabo la explotación económica de las víctimas. La táctica utilizada por el imputado consistiría en retener la totalidad del dinero que recaudaban las damnificadas.

Por estos delitos el imputado fue condenado a 4 años de prisión de efectivo cumplimiento, por ser considerado autor penalmente responsable de promover, facilitar la prostitución y de explotar económicamente a mujeres. En cuanto a su pareja se acordó la imposición de la pena de tres años de prisión, en suspenso, por ser considerada partícipe secundaria de los mismos delitos.