Es que, las cámaras empresariales reiteraron en la jornada de ayer la necesidad de aumentar las tarifas de colectivos y trenes para poder avanzar en la paritaria del sector y “garantizar la prestación de los servicios“, en medio del enfrentamiento que mantienen con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En ese marco, las empresas de transporte remarcaron que en el AMBA se registra una de las tarifas de colectivos “más bajas del país”, que se suma a que “los subsidios que deberían cubrir la diferencia entre el costo del boleto y el real para operar, fueron calculadas con los precios de los insumos a septiembre y agosto de 2023“.

Fue en ese contexto en el que el Gobierno decidió autorizar el aumento en la tarifa mínima de colectivos, la cual ascenderá a $270 a partir de este martes 6 de febrero, mientras que la tarifa social costará $121,50. No obstante, aquellos que no tengan la tarjeta SUBE registrada pagarán $429,30 a partir de abril. 

En el caso de los trenes, la tarifa mínima será de $130, mientras que aquellos que accedan a la tarifa social abonarán $58,50. Quienes no tengan la tarjeta universal de transporte a su nombre pagarán $260 en abril.

“La secretaría de Transporte cumplió con los requisitos legales y puso en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte público en el Área Metropolitana para reducir los recursos que el Estado destina en subsidios, cuidando a los sectores vulnerables a través de los atributos sociales y disminuyendo las desigualdades que existen entre el AMBA y el interior del país”, aseguraron desde la cartera.

Además, desde la secretaría señalaron que el sistema de diferenciación de tarifa para las SUBE nominalizadas comenzará a regir a partir del 1 de abril. Hasta esa fecha, todas las tarjetas pagarán la misma tarifa. Luego de esa fecha, las personas sin tarjeta registrada pagarán el valor diferencial pero podrán seguir registrando sus tarjetas para acceder a la tarifa más económica.

Vale recordar que, el Gobierno tenía previsto comenzar a aplicar este nuevo cuadro tarifario a partir del jueves 1 de febrero, con tarifas mínimas de $270 para el servicio de colectivos y de $130 para el ferroviario. Sin embargo, no lo pudo aplicar debido a que la Justicia Federal dictó una cautelar contra el aumento de las tarifas de transporte.

En concreto, la Justicia Federal suspendió la convocatoria a la audiencia pública realizada por la secretaría de Transporte por no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley.

En respuesta, el Gobierno presentó el pasado martes ante la Justicia la apelación a la resolución que suspendió la consulta pública por tarifas del transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires.