La Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata inició su alegato ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y acusó a 12 exrepresores por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 605 víctimas, en su mayoría obreros y estudiantes, alojadas en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar. Los imputados son juzgados por el TOF 1 desde octubre de 2020 por delitos cometidos en los centros que funcionaron en las Brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo.

"El Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno y la Brigada de Investigaciones de San Justo fueron dispositivos que se integraron al plan sistemático de persecución y exterminio de opositores implementados en esos años y esta unidad fiscal reafirma la acusación por crímenes contra la humanidad, no estamos frente a episodios comunes dentro de la normalidad del sistema, sino frente a crímenes contra la humanidad, imprescriptibles", expresó el fiscal Gonzalo Mirando al iniciar su alegato.

Remarcó que los delitos juzgados "son crímenes de Estado, el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada y estos crímenes produjeron un daño inconmensurable en numerosas personas e impactó no solo en las personas que fueron secuestradas, torturadas, abusadas sexualmente, privadas de su identidad, asesinadas o desaparecidas, sino también en sus familias, amigos, amigas, vecinos y vecinas, personas con las que trabajaban y con las que se encontraban vinculadas, entre muchas otras".

La auxiliar fiscal Ana Oberlin se ocupó de caracterizar a las 605 víctimas y detallar que "en cuanto al género, vemos que la mayoría, el 63%, eran varones cis; mujeres cis, más del 35% y un 1,5%, mujeres trans". "Respecto de las mujeres cis y las mujeres trans, sufrieron una serie de violencias que, adelantamos, vamos a pedir fundamentalmente en la sentencia que estas violencias particulares que sufrieron sean visibilizadas", remarcó Oberlin.

También precisó que "unos 71 niños y niñas recién nacidos, hijos e hijas de las personas secuestradas sufrieron los secuestros, vivenciaron las violencias, recibieron las violencias de sus secuestros en esos momentos y quienes no lo vivenciaron, sufrieron las consecuencias de la desaparición de sus padres o sus madres, o en algunos casos de sus padres y sus madres".

"De estas 605 personas, como dijimos, un 80% eran trabajadores, estudiantes y profesionales. De esas 605 personas, 498, o sea, casi 500 personas, nacieron en nuestro país, en diferentes provincias y un 16% no había nacido en nuestro país, y en muchos casos habían venido a radicarse en el país huyendo de violentas dictaduras y hay un 6% del que no tenemos información", puntualizó.

La auxiliar fiscal precisó que "en cuanto a las edades de las personas victimizadas, un 53% de las personas que son casos de este juicio tenían entre 18 y 29 años. Un 23% tenían menos de 40 años; un 8% eran niños y niñas, y un 11% tenía más de 40 años. En concreto, 5 de cada 10 personas, la mitad de las personas que fueron secuestradas y que son casos de este juicio, tenían entre 18 y 29 años al momento de su secuestro".

"De las 605 víctimas, 373 sobrevivieron, esto es más del 61% del total; 189 se encuentran desaparecidas, un 31,2%, y 31 personas fueron asesinadas, que representan el 5,2%, el 5%. De estas últimas, es importante mencionar que de las 31 personas asesinadas, 30 estuvieron en situación de desaparición forzada muchos años hasta que sus cuerpos fueron recuperados. También es importante que un grupo bastante grande de las personas sobrevivientes, el 71%, fallecieron con posterioridad, en muchos casos producto directamente de las violencias que habían recibido cuando estuvieron secuestradas estas personas, y otras fallecieron tras declarar en el juicio", detalló.

Destacó que del total de las víctimas "unas 219 continúan desaparecidas y sólo del 14 por ciento de ellas se pudieron hallar sus restos". Posteriormente, el fiscal Miranda trazó un perfil de cada uno de los 4 excentros clandestinos que son juzgados aquí y remarcó, citando a Pilar Calveiro que "no hay campos de concentración en todas las sociedades".

"Aunque la existencia de los centros clandestinos se negaba y se silenciaba, no constituían un secreto total, eran conocidos. El modelo se orientaba a aterrorizar a las personas cautivas y a la sociedad en su conjunto para lograr una parálisis general y producir las transformaciones necesarias para alcanzar la reconfiguración social que se buscaba y constituir una sociedad obediente y sumista", precisó.

Del Pozo de Banfield destacó que funcionó allí una maternidad clandestina "en la que tuvieron comienzo de ejecución los actos tendientes a sustraer, ocultar y cambiar la identidad de hijos e hijas de personas secuestradas". Detalló que los secuestrados "estaban en la oscuridad, permanentemente encerrados en las celdas, apenas les daban de comer y dormían en el suelo" y que las mujeres y travestis trans alojadas en ese lugar sufrieron abusos sexuales.

Con respecto al Pozo de Quilmes destacó "las condiciones inhumanas en las que permanecieron en ese lugar" los secuestrados y a los interrogatorios bajo tortura con picana eléctrica que sufrieron, los que mucha veces dejaban lesiones que no eran atendidas y se infectaban.