"Durante años, los movimientos sociales dimos una incansable lucha por unos de los aspectos fundamentales de la justicia social: el acceso a servicios públicos y una vivienda digna. Este impulso dió nacimiento a la Ley de Barrios Populares, sancionada en 2018, luego de nuestra sostenida presencia en las calles y la permanente discusión con distintos sectores políticos.

Con esta Ley, se suspendieron los desalojos en los barrios por 5 años, se declaró de interés público la integración socio urbana y la creación de un fideicomiso como instrumento para lograrlo, se garantizó que el 25% de las obras a realizarse las lleven adelante compañeros y compañeras nucleadxs en las cooperativas de trabajo, y que sea la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) junto al Ministerio de Desarrollo Social quienes, en convenios con provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires, lleven adelante las expropiaciones de los terrenos para la transferencia de los bienes inmuebles.

Ya en 2020, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (el fideicomiso antes mencionado, compuesto principalmente con financiamiento del Aporte de las Grandes Fortunas y del Impuesto PAIS. Sin embargo, uno de los puntos principales de la Ley para poder llevar adelante todos los demás, fue la creación del Registro Nacional de Barrios Populares. Este Registro es un trabajo que se llevó (y se lleva) adelante de conjunto entre los movimientos sociales y ONG’s, y permitió reunir información sobre los 5.687 barrios populares que existen para garantizar el acceso a derechos y las políticas de integración socio urbana.

Gracias a este registro, la Secretaría de Integración Socio Urbana está ejecutando obras de urbanización en 747 barrios populares y desarrollando la línea de financiamiento Mi Pieza que ya alcanzó a 173.000 familias de todo el país. A su vez, la Secretaría que conduce nuestra compañera Fernanda Miño, desarrolla también la creación de lotes con servicios, una de las principales propuestas del Plan de Desarrollo Humano Integral que impulsó nuestro compañero Juan Grabois como candidato a presidente de la lista Justa y Soberana en las últimas elecciones primarias, y que proponemos para que forme parte del proyecto de Unión por la Patria de cara a lo que viene.

En 2021, se aprobó por decreto la actualización del ReNaBaP. Y en 2022 se aprobó también pero vía el Congreso Nacional, la prórroga por diez años de la suspensión de los desalojos, y se declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental con perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de lotes con servicios.

Podemos ver, en todo este recorrido y con lo logrado hasta el día de hoy, como la Ley de Barrios Populares y el ReNaBaP son ejemplos concretos que muestran que desde abajo, con organización, planificación y lucha, una Argentina Humana es posible" 

* Por Victoria Riquero
Directora del Centro de Acceso a la Justicia de Quilmes